Las elecciones municipales 2021 en Paraguay han registrado una serie de novedades. En primer término, se trata de elecciones realizadas en el contexto de la pandemia mundial generada por el covid-19. La consecuente crisis sanitaria en Paraguay ha tenido un saldo de más de 16.200 fallecidos y se ha caracterizado por la deficiente gestión gubernamental y numerosas denuncias de corrupción en diferentes espacios estatales, que han generado nuevas movilizaciones sociales. Estas elecciones debían haberse realizado en noviembre de 2020 y han sido postergadas debido a la crisis sanitaria, lo que implica que por única vez el mandato de las autoridades municipales electas se reducirá a cuatro años en lugar de cinco, como lo establece la Constitución Nacional.

En segundo término, otra diferencia con respecto a elecciones anteriores —que incluso ofrece una hipótesis para entender los resultados— se vincula con la aprobación de la Ley 6318 /2019 que incorpora el voto preferente para tratar de revertir el desprestigio de las instituciones: las listas seguirán siendo cerradas y por partido, pero cada elector elegirá una lista y dentro de ella marcará al candidato de su preferencia. Esta innovación en el sistema electoral paraguayo generó una explosión de candidaturas, especialmente fuera de los partidos tradicionales. En total se presentaron 831 candidatos para 261 cargos de intendente municipal y 15.535 candidaturas para un total de 2.781 concejales municipales. Esto llevó a la dispersión de los votos opositores, dado que se presentaron 28 partidos, 113 movimientos, 4 concertaciones y 118 alianzas electorales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Pese a las divisiones internas, el tradicional Partido Colorado —hegemónico durante casi todo el siglo XX, incluidos los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner— concurrió a los comicios bajo el movimiento denominado «Concordia Colorada», que sumaba a los adherentes del movimiento Colorado Añeteté –liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez– y el movimiento Honor Colorado, fundado por el ex presidente de la República, Horacio Cartes. La primera facción partidaria se encuentra debilitada debido a la deserción de sus referentes y al enfrentamiento con Cartes. El ex presidente, quien gobernó en el periodo 2013-2018, concentra el poder político y económico en el país. En reiteradas ocasiones ha sido acusado de contrabando de cigarrillos e incluso se dictó una orden de captura preventiva contra él durante una investigación por corrupción, que lo vincularía con el caso Lava Jato y una red de lavado de dinero trasnacional. Recientemente ha aparecido en los Pandora Papers, debido a la propiedad de empresas off shore.

De los 261 distritos de todo el país, en un total de 160  ha triunfado un candidato colorado para ocupar el cargo de intendente municipal. En muchos de ellos, también la Junta Municipal posee ahora mayoría colorada. Y, mientras que en el anterior período 147 municipios habían quedado en manos de un intendente de la ANR, ahora el número se eleva a 160. Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —considerado el mayor partido de la oposición— ha perdido cargos de intendente en 15 municipios del país. Asimismo, las alianzas electorales que aglutinan a diversas agrupaciones, algunas con candidaturas de izquierda, lograron conquistar un total de 37 cargos de intendente municipal, lo cual implica un aumento de 12 intendencias con relación al periodo anterior.

Asimismo, en 11 de las 17 capitales departamentales del país el Partido Colorado ha logrado la victoria para las intendencias municipales. El triunfo incluye a Asunción, la capital del país, pese a que el candidato colorado fue sindicado como responsable de sobrefacturaciones y una serie de irregularidades sobre gastos municipales durante la pandemia. Por su parte, el PLRA ha triunfado en apenas tres cabeceras departamentales y en tres de ellas lo han conseguido alianzas regionales. En las dos principales ciudades del país, Ciudad del Este y Encarnación, candidatos de movimientos políticos regionales han ganado por amplio margen a los postulantes colorados.  

Análisis preliminares permiten inferir que el sistema de lista desbloqueada y voto preferente implementado por primera vez en esta elección ha favorecido a los partidos tradicionales, principalmente al oficialismo. En primer lugar porque, en Paraguay, la pertenencia afectiva a los partidos políticos prima a la hora de ejercer el voto. Y esa pertenencia está más ligada a los partidos clásicos. En segundo término, la existencia del voto preferente ha obligado a cada uno de los integrantes de las listas a desarrollar una campaña electoral activa. En comicios anteriores, solamente los candidatos ubicados en los primeros lugares de cada lista resultaban más «visibles» para los votantes en general. La visibilidad en estas elecciones habría contribuido a generar votos críticos dentro de los mismos partidos tradicionales.

Por otro lado, una de las causas de la eclosión de candidaturas es que los municipios se han convertido en una fuente de recursos apetecible como plataforma electoral para los comicios nacionales. Desde 2012, estos organismos reciben cuantiosos fondos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). Esta entidad fue creada para asignar los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión a Brasil de la energía de la entidad Binacional Itaipú. No obstante, existe inequidad en la distribución territorial de dichos recursos, además de asimetrías en la capacidad de gestión de los municipios.

Estas elecciones municipales apenas se constituyen en las séptimas de la historia de Paraguay, dado que se han iniciado en 1991, tras el final definitivo de la dictadura de Stroessner en 1989 y del golpe en su contra. Esto fue posible mediante un decreto ley que modificó el Código Electoral y permitió la inscripción de organizaciones políticas prohibidas durante la dictadura. Asimismo, recién en 2010 fue promulgada la Ley Orgánica Municipal. Anteriormente, los alcaldes eran nombrados por el Poder Ejecutivo. Además, las instancias de gobierno local no recibían financiación del gobierno central ni contaban con incidencia en la administración central.

Otra diferencia fundamental con elecciones anteriores constituyó la inédita violencia política —manifestada en acciones de sicarios, ataques a viviendas y vehículos y amenazas de muerte— iniciada en las primarias de junio y recrudecida en estos comicios. Se han registrado al menos una decena de atentados que han dejado víctimas fatales entre candidatos y familiares o allegados. Al respecto, el propio titular del Ministerio del Interior (ente encargado de la seguridad nacional), Arnaldo Giuzzio, aseguró que la mayoría de los atentados se encuentran ligados al narcotráfico y argumentó como una de las causas el «abaratamiento» en la contratación de sicarios. 

Los hechos de violencia política dados a conocer han tenido lugar en los departamentos de Boquerón, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Alto Paraná. De estos atentados han sido víctimas referentes de partidos opositores, aunque en menor medida también del partido oficialista.

En principio, el escenario post electoral presenta a un Partido Colorado fortalecido para las próximas elecciones generales del 2023. Asimismo, a pesar de la aparición de numerosas candidaturas independientes ajenas a los partidos tradicionales, los resultados electorales han evidenciado la persistencia del sistema bipartidista, tradicional en la historia política del país. No obstante, en la actualidad la correlación de fuerzas entre colorados y liberales es marcadamente asimétrica, en favor de los primeros, que especialmente desde la dictadura stronista ha utilizado los recursos del Estado en beneficio propio mediante prácticas prebendarias y clientelares y otros actos de corrupción.

Por otro lado, se espera un reordenamiento de fuerzas internas del Partido Colorado, considerando la aspiración de más de un dirigente a la candidatura presidencial y la ausencia de posibilidades de reelección. Incluso antes de estas elecciones municipales ya se había instalado la puja interna en el coloradismo entre el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que responde al Movimiento Añetete, liderado por Abdo Benítez, y Santiago Peña, de Honor Colorado, que cuenta con un fuerte apoyo de Cartes.

En cuánto a la oposición, heterogénea y diversa, sus chances dependerán de las alianzas y en hallar una figura que pueda concitar el interés del electorado y capitalizar el hartazgo ciudadano —visible en redes sociales y movilizaciones— que aún no logra traducirse en votos. En suma, nada está definido para los comicios generales de 2023.